Tensión en Aysén: Comunidades Indígenas Reclaman 600 Mil Hectáreas de Borde Costero

Hoy, a las 15:00 horas, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén revisará una solicitud de las comunidades huilliche Antünen Rain y Pu Wapi para acceder a la administración de más de 600 mil hectáreas de mar, solicitud previamente rechazada en febrero bajo la polémica "Ley Lafkenche". Esta normativa permite que Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) sean entregados indefinidamente a comunidades indígenas, siempre que no existan derechos de terceros y que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) verifique los usos y costumbres.

 

La región de Aysén se encuentra en un estado de tensión ante esta revisión, dado el impacto potencial que esta decisión podría tener en la economía regional. En el debate anterior, los opositores argumentaron que la aprobación de la solicitud perjudicaría la economía local y que el proceso se realizó sin la debida transparencia. Por otro lado, los defensores de la solicitud sostienen que la normativa no afectaría negativamente las actividades económicas y que existen antecedentes que respaldan esta afirmación.

La diputada Marcia Raphael (RN) expresó su preocupación, destacando que "esto se votó y fue rechazado por una alta mayoría. La expectativa es que prime el sentido común frente a una solicitud de más de 600 mil hectáreas de borde costero a un grupo reducido de personas que no cuenta con un plan de manejo ni de administración". El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind. Demócratas) también espera que la solicitud sea rechazada nuevamente, subrayando la necesidad de abordar esta problemática con transparencia y consultas ciudadanas.

La Multigremial Nacional advirtió que una aprobación podría paralizar diversas actividades en el litoral de Aysén, afectando a 120 pymes y 8,000 empleos. Juan Pablo Swett, presidente del organismo, declaró: "Las solicitudes ECMPO ponen en riesgo el 25% de la producción nacional de salmón y afectan actividades portuarias, pesca industrial y artesanal, además de obras públicas". Swett también criticó el rol de ONGs en el conflicto, señalando que estas organizaciones no comprenden la conflictividad regional y el rezago en sectores aislados.

La Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, explicó que "tenemos un plazo de 30 días para pronunciarnos. Convocamos de manera inmediata a la Crubc para que pueda pronunciarse en ese sentido".

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